PescaArgentina

Por Carlos Astorelli, nota publicada en el Nº 108 de la revista española Europa Azul, diciembre enero de 2008

La reciente ampliación del área de veda de pesca de la merluza hubsi, principal recurso pesquero de la Argentina declarado en peligro desde 1999, ha generado polémica en todo el sector pesquero del país austral. En paralelo, un informe televisivo publicado en TN Noticias -uno de los noticieros con más audiencia en el país- desnudó las prácticas abusivas en Mar del Plata por parte de los fresqueros de altura, que incluyen artes ilegales, un alto nivel de descarte de juveniles y especies asociadas, y sobrepesca no declarada de adultos. En un contexto de control estatal insuficiente y con los criterios de investigación científica del INIDEP, institución encargada de promover políticas de conservación adecuadas, cuestionados por igual por empresas y asociaciones ambientalistas, en la solución de este conflicto se dirime el futuro del sector.

Por Carlos Astorelli

La industria pesquera argentina, con un fuerte perfil exportador que cifra en casi 90% el producto de sus mares enviado al exterior, debe en gran medida su potencial a la merluza común o hubsi. Con los datos de 2008 recién procesados por la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior del Senasa, el 44% de las exportaciones de pescado fresco -que han manifestado un incremento interanual de 4%-, corresponden a esta especie: 100 mil toneladas hasta septiembre, por un valor que superó los 254 millones de dólares, algo menos de la mitad del total de exportaciones de pescado, con Brasil y España como principales destinos.

Hasta fin de septiembre de 2007 se habían despachado 105 mil toneladas de merluza al exterior, lo que indica una merma en la extracción que, no obstante, no se ve reflejada en el valor de la tonelada, que ha tenido un crecimiento promedio de 23% en 2008. Si se comparan estas cifras con el retroceso de la especie que detectó el INIDEP durante la campaña de 2007, el tema es preocupante. Así lo indican diversas asociaciones de ambientalistas, sumada a la demanda por parte de diversos sectores pesqueros de la aplicación de medidas gubernamentales que garanticen un respaldo ante el parón de la actividad y la crisis del recurso. Según los científicos el índice de abundancia perteneciente la edad 1 (ejemplares de entre 10 y 23 centímetros) reflejó una disminución del 39% entre 2006 y 2007, y para la edad 2 (24-32 centímetros) la baja fue del 79%. Ante este panorama, a la cuestionada ampliación del área de veda aplicada a principios de octubre en el área norpatagónica se suma la aplicada a la zona común de pesca con el Uruguay, en un gesto político cuestionado por los sectores productivos y organizaciones medioambientales como insuficiente y que no ataca la real dimensión del problema.

Ampliación del área de veda

Una de las últimas medidas tomadas por el Consejo Federal Pesquero (CFP) ha sido la ampliación a principios de octubre del área de veda de pesca de la merluza común, que hasta ese momento era de 180 mil kilómetros cuadrados. Tras un conflicto gremial de meses con los tripulantes de los barcos de investigación del INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), normalizado en la actualidad, el CFP tomó esta medida basándose en un informe de esa institución que comparó los datos de 2007 y 2006 con la información proveniente de la campaña de evaluación de juveniles de merluza –realizada en enero y febrero de 2008- en la zona de cría nor-patagónica, determinando que por acción de la deriva de las corrientes marinas, en dos meses a partir de la fecha prospectada (es decir, en abril) los huevos y larvas detectados “darían lugar a un grupo importante de juveniles en la zona ubicada en dicha dirección”, que ya contaba con una protección parcial.

Instituciones como CeDePESCA (Centro Desarrollo y Pesca Sustentable) y algunas cámaras pesqueras marplatenses denunciaron el carácter especulativo de la medida debido a que estaba basada en una posibilidad estimada siete meses atrás. Las cámaras de Mar del Plata, adonde se descarga el 63% de la merluza común, argumentaron ante los medios que si bien en la zona hay presencia de juveniles, “se estaban encontrando ejemplares de buen tamaño para su comercialización”. La reacción de estos sectores provocó que el CFP instara al INIDEP a revisar su investigación para determinar la real proporción de juveniles en los cuadrados vedados.

En el mismo sentido, entre el 7 y el 31 de octubre se vedó para la campaña de primavera la zona de pesca común con Uruguay, ya que se detectó una alta presencia de juveniles. Pero más allá de las cuestionadas medidas de ampliación de las zonas de protección, diversas fuentes consultadas proclaman que los bajos niveles de reclutamiento, que han descendido alrededor de 40% en el ultimo año, requieren políticas a largo plazo: control por parte de las autoridades en el caladero para evitar los descartes (práctica corriente a pesar de la completa restricción legal al respecto), modificación de porcentaje permitido de descargas de juveniles, aplicación real de las artes de pesca requeridas y eliminación del arrastre para respetar tamaños de captura, entre otras.

TV para hoy, hambre para mañana

La sonada publicación de un informe televisivo en la cadena Todo Noticias (TN) -una de las de mayor audiencia en el país- denominado “Hambre para mañana”, ha puesto a la opinión pública argentina -centrada en la pelea entre el gobierno y el campo- al conocimiento de la crisis de uno de los principales recursos del país. Allí las imágenes muestran las redes de arrastre descargando en las cubiertas y el alto nivel de descarte de juveniles muertos en un fresquero de altura marplatense, que cuadruplica los ejemplares seleccionados para transportar a puerto. El Director de Investigaciones del INIDEP, Cristian Wöler, reconoce en el informe que la Argentina se halla en los niveles más bajos de abundancia del recurso. “Hemos estimado una reducción del 80% en el tamaño de la población”, y detalla los datos del último Informe Técnico Oficial, que amplía esa merma a 85% en el caso de los reproductores,a la vez que hace incapié en la necesidad de que las empresas de que adapten las artes a la normativa.

Entre varios entrevistados, desfilan un Inspector de la Subsecretaría de Pesca, que reconoce casos de sobornos por parte de las empresas y falta de voluntad de las autoridades nacionales para castigar las malas prácticas detectadas a bordo: “ hacemos los controles y rellenamos los formularios, pero no tenemos el aval necesario para parar esa depredación”, declara el inspector Luis Vespa. El Presidente de la empresa marplatense Marengus Mario Ordiales, por su parte, reconoce que “los artes selectivos son obligatorios pero nadie los usa porque todas las empresas y todo el mundo trabaja por dinero”, para terminar reconociendo que “se pesca mucho más de lo que se dice que se pesca”.

Consultado por Europa Azul, Guillermo Cañete, Coordinador del Programa Marino de la Fundación Vida Silvestre (FVS), alerta sobre el problema de la sobrepesca, advierte sobre el riesgo de la especie “ que hipoteca el recurso y pone en riesgo un sector que genera más de 12 mil puestos de trabajo” y las malas prácticas empresarias, pero centra su demanda en un marco de regulación adecuado y consensuado por todos los actores: “La industria está muy dividida, hay numerosas cámaras empresariales, conflictos de intereses, y como no hay normas claras de qué medidas hay que cumplir, con beneficios y castigos en un marco de incumplimiento general de la ley, es dificil hablar con la industria en términos de cooperación”, recalca Cañete. La FVS está asociada al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que tiene una oficina en España (WWFAdena), y está haciendo “un trabajo muy fuerte para concienciar a los grandes compradores, los grandes revendedores, que hacen al negocio pesquero en los puertos de destino de las exportaciones, con el fin de involucrar a todos los actores”.

Ocurre que la preservación de juveniles parece ser el único bastión de lucha del CFP, que deja de lado medidas de control del cumplimiento de normas, de descarga en puerto y monitoreo en general. Así lo confirma a Europa Azul Ernesto Godelman, de CeDePesca: “El control de los juveniles y de los descartes es importante, pero hay que considerar que las empresas se encuentran con una baja presencia de adultos, y con una normativa que les permite descargar en puerto solo un 10% de juveniles, por eso lo demás se tira. En todo caso hay que replantearse sistemas de control y de aprovechamiento de esos recursos, porque las flotas ya están operando fuera de los 200 mil metros cuadrados destinados a la preservación de la especie”.

Por su parte, ya a principios de año la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura presentó un reclamo ante el CFP: “Pedimos el estudio y la puesta en práctica de alternativas para la selección de juveniles ya que el Dejupa (sistema selectivo rechazado unánimemente por los capitanes argentinos) no funciona y es peligroso para el trabajo de los marineros”, informaron tras un encuentro celebrado en la entidad.

Las demandas de empresas y gremialistas se centran también en torno al control de descargas: “Los resultados del trabajo de la Subcomisión (de Descargas) no fueron buenos por el nivel de transgresiones (fuga de capturas) y la discrecionalidad en su aplicación”, señalaron representantes de ambos colectivos.

Problema instalado

La problemática del sector merlucero está comenzando a ser atendida por la administración central, y “es de difícil resolución en tanto arrastra años de malas prácticas difíciles de erradicar”, como señalan la mayoría de los consultados. Los conflictos gremiales a raíz del parón que está sufriendo la actividad, la demanda por parte de los pequeños pescadores y las empresas de que la administración sufrague los costes de una reconversión de la flota que implique desguace y reducción de la capacidad extractiva con el fin de preservar el recurso, están a la orden del día. Por otra parte, la determinación definitiva de una sistema de CITCs es la demanda de muchas empresas, que ven amenazada su actividad además de por la propia situación del recurso, por una administración cambiante e ineficiente en el establecimiento de reglas de juego. “Se han dado cupos, que es una forma de asignar a cada barco una cantidad determinada, y esto avanza hacia el sistema de cuotificación, el tema es que esas asignaciones de captura se han hecho con criterios cambiantes, sin consenso de la industria en muchos casos”, declara Cañete de FVS. Y agrega que esos mismos criterios cambiantes pueden hacer que “cuando salgan las cuotas las empresas abran procesos judiciales porque no estarán conformes”.

Por otra parte, el eterno problema entre los sectores extractivos está signado por la falta de cooperación interna de la industria y el favoritismo y la especulación de las autoridades. La última expresión de este conflicto ha tenido como protagonistas a la Cámara de Armadores de Mar del Plata que se pronunció a principios de año enérgicamente por volver a enviar los buques congeladores al sur del paralelo 48º S y restarles su 20 % de cupos de merluza. Esto bajo el argumento de que los años que se impidió la operación de estos buques en dicha área (1999 a 2002) coincidieron con una tendencia del recurso a su recuperación. “Es una inequidad que para 36 buques congeladores se otorgue un 22 % de la cuota total real mientras que para 170 fresqueros queda el resto”, declaró la institución marplatense en esa oportunidad.

Pero también al interior de la flota fresquera se dan las mismas problemáticas: el 30% de las capturas de merluza se concentra en los 34 buques más grandes de esta flota, dejando a los otros 136 un el 40% de la cuota, lo que demuestra la inestabilidad de las relaciones hacia el interior de la industria.

Propuestas para un cambio

El problema del desempleo, la resolución del empleo en negro (se calcula que el 60% de los trabajadores de Mar del Plata están en esta situación) y la rentabilidad de una industria que está a la par de la carne en la generación de riqueza para el país, se juega en el blanqueo de la actividad pesquera. Algunos de los cambios que las autoridades argentinas y el sector merlucero deberán lograr para lograr la sustentabilidad del recurso se encuentran compendiados en las declaraciones que por separado han realizado FVS y CeDePesca recientemente para paliar definitivamente la “extrema gravedad de la merluza como recurso productivo”.

-Promover los ensayos y el uso de un arte de pesca de selectividad intermedia, que sea de uso transitorio durante la recuperación del stock, pero que permita reducir la captura y descarte de una porción importante de los juveniles.

-Reforzar la lucha contra la corrupción en los controles pesqueros, investigando hasta donde llega la estructura de sobornos, limpiando la estructura de funcionarios corruptos, estableciendo normas de conservación sencillas que quiten del medio todo aquello susceptible de ser “tarifado” y asegurando la transparencia de la información y de los procedimientos.

-Asegurar el funcionamiento regular y realmente participativo de la comisión de manejo de merluza y de la subcomisión de contralor de las descargas.

Implementación del sistema de parte de pesca electrónico adecuado a estándares internacionales.

-Concentrar la ejecución del sistema de monitoreo satelital en el CFP

-Desarrollar y aplicar un sistema de patrullas y abordajes en altamar con un cuerpo especial de inspectores.

-Realizar auditorías a las empresas pesqueras para verificar sus flujos de materia prima /producto coordinadas con un sistema de información en el que participen autoridades aduaneras, SENASA, y otros organismos competentes.